Manuela Cobo Armendáriz, ciudadana rarámuri y ejidataria de San Luis de Majimachi, en el municipio de Bocoyna, presentó una denuncia formal contra Joaquín Solorio Urrutia, titular del Registro Agrario Nacional (RAN) en Chihuahua. La denunciante le atribuye presuntos actos de maltrato, hostigamiento, acusaciones falsas y retención contra su voluntad durante la realización de un trámite.
De acuerdo con el documento, fechado el 17 de octubre de 2025 y dirigido al director en jefe del RAN, Luis Cruz Nieva, Cobo Armendáriz acudió el 22 de septiembre a las oficinas de la institución para registrar una sentencia que la reconoce como sucesora de los derechos agrarios de su tío.
La mujer señaló que detectó presuntas irregularidades en el procedimiento, debido a que el acuse de recibo fue expedido a nombre de Fausto Barraza Bátiz, otro funcionario, sin que ella hubiera dado su consentimiento.
Posteriormente, afirmó que fue inducida a volver a las instalaciones del RAN. Según su denuncia, al regresar, Solorio Urrutia la acusó de haber sustraído una mochila con documentos y la mantuvo en su oficina durante casi una hora y media, sin permitirle salir ni comunicarse con otras personas.
Cobo Armendáriz aseguró que durante ese lapso fue insultada e intimidada, además de recibir amenazas de llamar a la policía. También denunció que le exigieron firmar una declaración en la que aceptara responsabilidad por los hechos que se le imputaban.
“Me hostigó llamándome ladrona y ratera. Me retuvo en contra de mi voluntad en su oficina, humillándome por mi origen y mi género”, expuso la afectada en el escrito.
La denunciante solicitó la intervención de las autoridades agrarias y de las instancias de derechos humanos para que se investiguen los hechos denunciados y se garantice un trato digno para las personas indígenas que realizan trámites ante el RAN.
El escrito fue enviado con copia a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), al Órgano Interno de Control del RAN, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, al Sistema Nacional de Denuncias Ciudadanas y a la Comisión de Derechos Humanos en Guachochi, entre otras instituciones.
En su denuncia, Manuela Cobo Armendáriz afirmó haber sido víctima de presunta discriminación, abuso de autoridad y violencia institucional, y pidió justicia y respeto por parte de los funcionarios encargados de atender al sector agrario.
