Chihuahua, Chih.— Una jueza federal otorgó una suspensión provisional a favor de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano, con la que ordenó a Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno de Chihuahua, evitar expresiones que impliquen culpabilidad o que puedan afectar la presunción de inocencia de la promovente.
La medida fue dictada el 5 de noviembre por el Juzgado Tercero de Distrito en Chihuahua, dentro del juicio de amparo 2673/2026-XIII-7, promovido por actos atribuidos al funcionario estatal.
La resolución cautelar no concluye que De la Peña haya incurrido en una violación constitucional, ni le atribuye responsabilidad administrativa o penal. Sin embargo, establece límites provisionales a sus manifestaciones públicas mientras se estudia el fondo del asunto.
Según la defensa de Domínguez Anguiano, la juzgadora revisó declaraciones públicas atribuidas al secretario general de Gobierno y detectó una posible afectación al derecho de presunción de inocencia de la quejosa.
El fallo también refiere que las personas servidoras públicas de alto nivel deben actuar con especial diligencia y verificar razonablemente los hechos antes de hacer pronunciamientos públicos, debido a la autoridad e influencia vinculadas con sus cargos.
En consecuencia, Santiago de la Peña deberá abstenerse de emitir declaraciones de culpabilidad o expresiones insidiosas que puedan vulnerar la presunción de inocencia de Andrea Domínguez respecto de la información relacionada con su denuncia.
Además, la demanda de amparo contiene ocho planteamientos sobre acciones y presuntas omisiones atribuidas al secretario general de Gobierno, los cuales deberán ser revisados en los procedimientos correspondientes:
- Conocimiento de la denuncia: la defensa afirma que De la Peña reconoció haber revisado la queja que Andrea Domínguez presentó el 6 de octubre de 2026 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por amenazas, intimidación y posibles abusos de autoridad.
- Conocimiento previo de su situación: la promovente señala que el funcionario admitió conocerla y haberla recibido antes en la Secretaría General de Gobierno, donde solicitó apoyo y respuestas institucionales. Por ello, se busca establecer desde cuándo conocía su caso.
- Presunta descalificación y minimización pública: Domínguez atribuye al secretario expresiones que, de acuerdo con su demanda, desacreditaron su denuncia o minimizaron los hechos expuestos, en vez de propiciar una respuesta institucional de protección.
- Posible afectación a la presunción de inocencia: este punto fue analizado por la jueza federal, quien concedió la suspensión provisional para proteger cautelarmente dicho derecho.
- Presunta falta de activación de mecanismos de protección: la defensa cuestiona que no se hubieran aplicado medidas institucionales pese al conocimiento que atribuye al funcionario sobre las amenazas y el riesgo denunciado.
- Presunta falta de canalización institucional: se plantea que Domínguez no habría sido remitida de manera oportuna ante las autoridades competentes del sistema estatal de protección a las mujeres.
- Presunta falta de evaluación urgente de riesgo: la demanda señala que no se habría impulsado una valoración inmediata para definir el nivel de amenaza y las medidas requeridas para proteger a la promovente.
- Presunta falta de coordinación para prevenir represalias: la defensa sostiene que no se promovieron acciones suficientes para asegurar una intervención institucional independiente y prevenir intimidaciones, represalias u obstáculos derivados de las denuncias y recursos legales de Domínguez.
La inclusión de estos ocho señalamientos en la demanda no implica que hayan sido acreditados judicialmente. Hasta ahora, la suspensión provisional se refiere específicamente a la posible afectación de la presunción de inocencia por declaraciones públicas presuntamente emitidas por el secretario.
La defensa considera que los hechos podrían tener consecuencias más allá del juicio de amparo si se acreditaran determinadas conductas o incumplimientos de deberes jurídicos, con posibles efectos constitucionales, administrativos o penales.
No obstante, cualquier eventual responsabilidad dependerá de que las autoridades competentes comprueben los hechos, determinen las obligaciones aplicables e identifiquen si existe alguna responsabilidad conforme a la legislación vigente.
Como antecedente, Andrea Domínguez presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la que reportó amenazas, intimidación y posibles abusos de autoridad, además de solicitar protección institucional.
Para la defensa, el aspecto central del caso consiste en esclarecer qué sabían las autoridades estatales sobre la situación denunciada, desde qué momento tuvieron conocimiento y cuáles fueron las acciones que realizaron o dejaron de realizar posteriormente.
La resolución del 5 de noviembre establece, por el momento, un límite judicial concreto sobre las declaraciones públicas del secretario general de Gobierno, a fin de preservar provisionalmente la presunción de inocencia de Domínguez mientras se resuelve el juicio.
El Juzgado Tercero de Distrito programó para el 12 de noviembre a las 9:26 horas la audiencia incidental, en la que se decidirá si la medida se mantiene mediante una suspensión definitiva.
Las medidas de protección institucional solicitadas por Andrea Domínguez también permanecen entre los asuntos sometidos a revisión dentro del procedimiento.
Por ahora, la decisión federal no determina responsabilidad alguna para Santiago de la Peña, pero mantiene bajo análisis constitucional tanto sus declaraciones públicas como las acciones y omisiones que le atribuye la defensa de Andrea Domínguez.
