Chihuahua, Chih.— El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, expresó cuestionamientos respecto a la acusación por presunta traición a la patria contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno. El presidente municipal señaló que podrían existir elementos de un uso político de la justicia federal y solicitó que se respeten el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.
La postura se da en el contexto del proceso judicial que enfrenta el exfuncionario, quien fue detenido el 17 de octubre por investigaciones vinculadas con la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico efectuado en Chihuahua durante abril de 2026.
Jáuregui enfrenta procedimientos en los ámbitos estatal y federal. La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión por el presunto delito de traición a la patria, mientras que las autoridades estatales abrieron una investigación por posibles irregularidades en el desempeño de funciones públicas.
Bonilla calificó de desproporcionada la imputación federal y afirmó que únicamente las autoridades judiciales deben definir si existen responsabilidades penales, a través de procesos ajustados a la legislación vigente.
El alcalde precisó que su postura busca defender las garantías procesales, no evitar que se investigue o sancione a servidores públicos que hayan cometido algún delito. Añadió que la aplicación de la ley debe realizarse con los mismos criterios, sin importar la trayectoria política o el cargo de las personas involucradas.
Asimismo, criticó a Morena, al que acusó de recurrir a temas judiciales para desviar la atención de problemáticas nacionales como la violencia, las desapariciones, el desplazamiento de personas, la corrupción y las deficiencias en los servicios públicos de salud.
“¿Quieren hablar de traición a la patria? Traición a la patria es no combatir al narco ni desarticularlos”, expresó Bonilla.
Durante sus declaraciones, el edil formuló señalamientos sobre presuntos vínculos entre integrantes del oficialismo y organizaciones criminales, además de cuestionar la actuación de las autoridades federales ante casos de corrupción y huachicol fiscal.
También hizo referencia a situaciones en Baja California y Sinaloa, aunque los planteamientos políticos mencionados no representan por sí mismos resoluciones judiciales sobre la responsabilidad de personas o funcionarios.
Bonilla sostuvo que las investigaciones penales deben realizarse sin criterios partidistas y cuestionó lo que, a su juicio, es un trato distinto hacia servidores públicos según su afiliación política.
“Mientras en Chihuahua se actúa, allá a los suyos los protegen”, afirmó.
El caso de César Jáuregui ha provocado controversia política debido a las indagatorias sobre la intervención de personal extranjero en tareas de seguridad dentro del país y las responsabilidades que pudieran surgir por la autorización y supervisión de esas acciones.
La investigación federal está relacionada con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra Tarahumara. Estos hechos abrieron cuestionamientos sobre los mecanismos de cooperación internacional en seguridad.
En este escenario, el alcalde reiteró que el Estado de derecho debe garantizar tanto la investigación de posibles delitos como la protección de los derechos de las personas señaladas, sin que las diferencias políticas anticipen el desenlace de los procedimientos.
Finalmente, llamó a la ciudadanía y a los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) a mantenerse unidos ante los acontecimientos políticos y judiciales. Señaló que las prioridades de Chihuahua deben enfocarse en la seguridad de las familias, el fortalecimiento institucional y el desarrollo del estado.
