Ciudad de México (ADN/Staff).- El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no concluiría de forma automática si los tres países no logran acordar una ampliación de 16 años. Sin embargo, entraría en un esquema de revisiones anuales que podría aumentar la incertidumbre para la inversión y las cadenas de suministro de Norteamérica.
Analistas han denominado a esta posible situación como un “T-MEC zombi”: un pacto que conserva su vigencia legal, aunque queda sujeto a negociaciones constantes, protocolos bilaterales complementarios y eventuales aranceles por sector. Esta expresión no está contemplada en el tratado, sino que funciona como una metáfora sobre la pérdida de certeza, aun con el acuerdo formalmente vigente.
La cláusula de revisión prevé que, en ausencia de una confirmación conjunta de México, Estados Unidos y Canadá para extender el acuerdo durante otros 16 años, el tratado no finalizaría de inmediato. En su lugar, se realizarían revisiones cada año durante el tiempo restante de su vigencia, que actualmente puede alcanzar hasta 2036.
Para las empresas, el mayor riesgo no sería una cancelación repentina del acuerdo, sino que las reglas comerciales estén cada año expuestas a presiones políticas, modificaciones en las reglas de origen, aranceles sectoriales o acuerdos paralelos entre dos de los tres países socios.
Este contexto ya cuenta con antecedentes. México y Estados Unidos sostienen rondas bilaterales vinculadas con la revisión del T-MEC, en las que se han abordado temas como reglas de origen, acero, aluminio, automóviles, agricultura, seguridad económica, trabajo y medio ambiente.
Estas conversaciones bilaterales no implican la creación de un tratado nuevo entre México y Estados Unidos que reemplace al T-MEC. Los diálogos permanecen dentro del proceso de revisión del acuerdo trilateral, aunque reflejan el interés de Washington por negociar algunos capítulos directamente con cada socio.
Canadá es actualmente uno de los principales focos de tensión. Los desacuerdos comerciales entre Washington y Ottawa han dificultado la posibilidad de construir con rapidez un consenso entre los tres países, mientras Estados Unidos mantiene aranceles y presiones sobre rubros como el automotriz, el acero, el aluminio y los productos agropecuarios.
Para México, uno de los asuntos más sensibles será el de las reglas de origen, especialmente en automóviles, autopartes, electrónica y maquinaria. Estados Unidos busca incrementar el contenido regional y disminuir la participación de componentes procedentes de terceros países, en particular de China.
Un endurecimiento de estas disposiciones podría tener consecuencias opuestas: por un lado, favorecería a proveedores mexicanos capaces de reemplazar importaciones asiáticas; por otro, elevaría los costos de las plantas que dependen actualmente de insumos producidos fuera de Norteamérica.
El posible impacto resulta especialmente relevante para Chihuahua y Ciudad Juárez, donde la manufactura, las autopartes, la electrónica y las cadenas de suministro están integradas de manera cotidiana con compañías y clientes de Estados Unidos. Modificaciones anuales en las reglas pueden dificultar decisiones de inversión que suelen planearse para periodos de diez, veinte o más años.
La incertidumbre también podría incidir en el nearshoring. México tendría la posibilidad de captar nuevas inversiones si Estados Unidos exige un mayor contenido norteamericano, pero esa oportunidad se vuelve menos atractiva cuando las compañías carecen de claridad anticipada sobre las reglas de acceso al mercado estadounidense.
Así, el riesgo principal no consiste en que el T-MEC desaparezca de un momento a otro, sino en que continúe vigente mientras pierde parte de la previsibilidad que ofrecía originalmente a empresas e inversionistas.
El Economista incluyó este escenario entre los principales asuntos económicos del día, al señalar el riesgo de que el acuerdo opere bajo reglas nuevas y revisiones recurrentes.
